Camagüey, 18 may.- La igualdad de género resulta un desafío permanente para el sector agropecuario: la división sexual del trabajo, la representación desigual de mujeres y hombres en los espacios productivos, así como su participación en puestos de tomas de decisiones y el acceso a recursos y a la titularidad de la tierra constituyen algunos elementos donde se generan brechas en ese sentido.

Por ello, el proyecto “Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de género y generacional- CAPROCA” creó los Comités locales de género en los municipios de Guáimaro y Jimaguayú formado por campesinas y campesinos de esas localidades y los cuales cuentan con planes de acción para acompañar a las finqueras en sus procesos de transformación, capacitar a miembros la cooperativa en estos temas y convertir su organización de base en un espacio más equitativo.

Durante dos días de taller en Camagüey se han realizado formaciones a dichos comités, con el apoyo de la Unión de Juristas de Cuba en la provincia y la Federación de Mujeres Cubanas. Se abordaron las normas internacionales y nacionales que protegen ante cualquier tipo de violencia de género y discriminación, con énfasis en los beneficios del reciente Código de las Familias para esas instancias rurales.

La Dra.C. Jetzabel Montejo Rivero, profesora titular de la Universidad de Camagüey, relata que “mucho se ha discutido en estos días sobre qué marco legislativo protege el principio de la no discriminación a la mujer rural y en oposición a la violencia de género. Se ha suscitado la polémica en relación a los derechos crediticios, si la mujer puede tener derecho o no al usufructo de la tierra en un proceso de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes como consecuencia del divorcio y sobre esos aspectos, todavía existen vacíos y desconocimiento. Nuestra exhortación es que los asesores jurídicos utilicen como arma fundamental los principios constitucionales de dignidad y no discriminación para resolver los conflictos que se dan en el seno de las cooperativas”.

El empoderamiento económico de las campesinas y el acceso a recursos constituyó plato fuerte de los encuentros, acerca del cual Marcia Cristobalina Chicoy Ramírez concluyó: “Existe hoy la necesidad de actualizar las normas de protección al campesinado, que se pongan en contexto con el enfoque de género y en consonancia con la Constitución, el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres y la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura. Resulta pertinente que ellas vean los beneficios de asociarse y perciban remuneración por sus trabajos. La voluntad estatal está ahí, pero tenemos que seguir trabajando pues persisten obstáculos en el logro de un mayor empoderamiento económico femenino”.

Otros conflictos analizados, a solicitud de las campesinas participantes en el taller, constituyeron el hecho de colocar a la mujer como propietaria de la tierra sin que la trabaje, solo para aumentar en caballerías y en caso de divorcio, la mujer queda desprotegida y como responsable legal de la tierra; además de las mujeres que hoy cuidan el ganado menor y el huerto, cosechan, realizan labores domésticas y de cuidados también imprescindibles, sin embargo no son socias de la cooperativa y mucho menos reciben salario.

En el encuentro, además, se resaltó la importancia de las consejerías de la FMC y la necesidad de perfeccionarlas, así como se planificaron acciones concretas dirigidas a la capacitación y la transformación por la igualdad de género, las cuales demandarán del esfuerzo de múltiples actores locales y provinciales y sobre todo, el compromiso de la dirección de las cooperativas.(Adelante)