La demanda popular de que el peso de la ley caiga sobre quienes intentan lucrar con las necesidades de la familia cubana, encuentra respuesta en la Fiscalía General de la República en Camagüey.
Idelsy Martínez Laurencio, fiscal jefe en el territorio, destaca que durante esta etapa una de las líneas que ha marcado el trabajo de este Órgano ha sido entender e interiorizar todas las ideas contenidas en el discurso del Presidente de la República Miguel Díaz - Canel en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 16 de julio donde con mucha fuerza enfatizó en que nuestro país y en el sistema de justicia social que ha construido la Revolución no es posible permitir ni tolerar conductas como las que se han venido acrecentando durante el enfrentamiento a la COVID – 19.
Tales manifestaciones han generado que un grupo de individuos inescrupulosos se haya adueñado de las colas en las tiendas para acaparar una determinada cantidad de productos que, con mucho esfuerzo el Estado Cubano ha buscado en diferentes partes del mundo para ponerlos a disposición del pueblo aún en medio del recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra la isla, y las afectaciones provocadas por la pandemia a la economía mundial, agregó la fiscal.
Como parte del cumplimiento de sus funciones constitucionalmente aprobadas y dispuestas en el artículo 156 de la Carta Magna, la Fiscalía se ha preparado para el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública para casos como estos, que pudieran clasificar como actividad económica ilícita y delitos de especulación, acaparamiento, receptación y otros asociados.
“Hay personas que se involucran en estos hechos y se convierten en receptadores de estas mercancías acaparadas y revendidas por ciudadanos que duplican, triplican y hasta cuadruplican los precios originales”, agregó Martínez Laurencio.
Trabajar siempre sobre la base de la justicia social
En Camagüey los especialistas de la Fiscalía se preparan para trabajar los procesos penales sobre la base de la justicia social que caracteriza a la Revolución.
“Estamos hablando de intervenir y verificar con exactitud en ese control que nos corresponde de la investigación del proceso penal; que las personas que se presenten como acusados estén en correspondencia con el delito que se les impute; que sean ciudadanos con los que hayamos trabajado oportunamente e insistido para que desistan de esas conductas; que se les verique su comportamiento en la comunidad y su situación económico social, y la respuesta penal será sobre la base de lo establecido en el Código Penal y en la Ley de Procedimiento Penal”, explica Idelsy Martínez Laurencio, fiscal jefe en el territorio agramontino.
Insiste en que no se ha inventado una figura delictiva nueva ni se ha diseñado ni aprobado ninguna modificación para imponer ninguna sanción nueva, sino que se trata de una respuesta a conductas delictivas que están contenidas en el Código Penal.
Durante el enfrentamiento a la COVID – 19, los fiscales controlaron y trabajaron en Camagüey 647 procesos penales y un 50 por ciento de ellos estuvo relacionado con las manifestaciones antes mencionadas a las que se sumaron casos de irrespeto a la autoridades, desacato, desobediencia e incluso delitos más graves como el atentado, los cuales no se van a permitir en ningún momento.
La Fiscal Jefe en Camagüey agregó que también se prestará especial atención a las temáticas vinculadas a los derechos de menores y personas de sectores vulnerables vinculados a procederes inescrupulosos pues es sabida la existencia de padres que, aprovechándose de las facilidades para no tener que hacer colas con niños en brazos, han utilizado a sus hijos para acaparar productos como también han hecho algunos discapacitados.
Como parte de las acciones de control se trabajará también en las verificaciones fiscales que pudieran determinarse a partir de información que se reciba pues estas conductas, no solo se propician desde las colas, sino desde determinadas bases de almacenes o unidades de venta.
Decisivo el acompañamiento popular
Otra arista del trabajo fiscal en la provincia es el control de la legalidad y el sector está apto para atender todas las quejas y denuncias que formulen los ciudadanos mediante los canales habilitados como la Línea Única de la Fiscalía General de la República 802 12345; los teléfonos de cada fiscalía municipal del territorio y en el caso de la sede provincial, a través de los números 32 290575 y 32 28 80 92, extensión 124.
Son modos de comunicación que permiten al pueblo acompañar a este órgano judicial en el combate contra el delito y las ilegalidades que tanto afectan la economía familiar.
Otro campo de acción está en las plataformas digitales donde existen varios grupos como Revolico en el que revenden públicamente productos de primera necesidad sin tener siquiera licencias comerciales quienes se dedican a ello.
“Ya hemos tramitado denuncias asociadas a “Revolico” contra varios ciudadanos los cuales han sido multados por la vía del tratamiento administrativo según lo dispuestos por el Artículo 83 del Código Penal y otros se han puesto a disposición de los tribunales porque ellos también incurren en el delito de actividad económica ilícita pues ninguna de las licencias aprobadas tiene alcance para revender de esa forma los productos del Estado".
Decisivo resulta el quehacer de la Fiscalía en Camagüey para combatir a los coleros, revendedores, acaparadores, especuladores y traficantes ilegales de moneda, para lo cual se trabaja de manera integrada con el Ministerio del Interior, el Tribunal Popular Provincial, el Gobierno y las organizaciones políticas y de masas.
En tiempos en los que el Estado Cubano realiza a diario múltiples esfuerzos a favor del pueblo, no es justo que nadie pretenda enriquecerse a su costa de la forma más inescrupulosa e insensible, por eso el acompañamiento popular es clave para el éxito en esta nueva contienda.
(Texto: Yamylé Fernández) (Fotos: Tomadas de Rodolfo Blanco Cué/ACN; https://www.fgr.gob.cu/ y capturas de pantalla de la página en facebook Revolico Camagüey)
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