Suscribirse a la sindicación RSS
El Vice Primer Ministro y Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, comparecieron hoy jueves en la Mesa Redonda para informar sobre este importante tema.
Al iniciar su intervención en el programa radio-televisivo, Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, comentó sobre la estrategia de desarrollo económico y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis generada por la COVID-19.
“Es la tarea más importante en la economía en este escenario. Desde mi comparecencia en la Asamblea Nacional hemos aprobado tres políticas, de la cual hablaremos de una en la tarde de hoy ”, dijo.
Según informó, fue aprobada por el Consejo de Ministros la política industrial, la cual abarca sectores como el metalúrgico, la ligera, la química, la electrónica, la siderúrgica y el reciclaje.
“Este último tema es prioritario para el país, pues repercute en el aprovechamiento máximo de los recursos que tiene la nación. El objetivo principal de la política industrial es modernizar esta rama y ponerlas en capacidad de responder a las demandas de nuestro plan de desarrollo económico-social hasta el 2030”.
Más adelante, el titular se refirió a la política de seguros y reaseguros, un asunto en el que el país carece de una cultura referente al tema.
“En la etapa de la pandemia cuando tuvimos hasta 250 mil trabajadores por cuenta propia con sus licencias suspendidas de manera temporal, se podía haber manejado a través del seguro ya que existen pólizas de lucros cesantes.Se pueden cubrir por ejemplo, a un arrendador de vivienda hasta un 60% del ingreso medio, siempre mediante el pago de una prima previa. También existen los seguros financieros, de crédito al igual que el seguro de vida como complemento de la seguridad social”.
Se prevé que esta política se implemente de manera gradual durante los próximos dos años pues existen empresas con experiencia en el territorio nacional.
El ministro de Economía explicó también en la Mesa Redonda que fue aprobada la nueva política para la comercialización de productos agrícolas y se trabaja en su implementación.
“Para la agricultura en sentido general la Estrategia Económico-Social comprende 24 medidas en las cuales se trabaja de manera paralela por la complejidad de todas. Hemos venido avanzando en unas 19”.
Enumeró las disposiciones implementadas que impactan en la producción de alimentos:
- Flexibilización en la contratación de la fuerza de trabajo por los productores individuales, propietarios de tierra y usufructuarios.
- Aprobación de incentivos fiscales para estimular la elaboración y comercialización de alimentos.
- Creación del mercado mayorista en MLC para la venta de insumos y equipamientos a la bases productiva, como una vía para que pueda reinvertir las divisas que obtenga por la exportación o venta a usuarios establecidos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, para re aprovisionarse y ampliar sus capacidades productivas.
- Transformación del sistema de comercialización de productos agropecuarios.
- La recuperación de la ganadería bovina.
Gil Fernández aclaró que ninguna de estas medidas tiene un impacto inmediato, y se trabajará de manera mancomunada con la base productiva y el potencial científico para la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos.
“Sabemos que tenemos déficit de insumos y de financiamiento para poder adquirir las materias primas. Reconocemos que hay escasez e incremento de precios. Es un escenario complejo y del cual solo se sale trabajando”, aseguró.
Desarrollo de la actividad bancaria de fomento agrícola
El Vice Primer Ministro y Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, comparecen hoy jueves en la Mesa Redonda para informar sobre la situación actual de la agricultura. Foto: Roberto Garaicoa.
Gil Fernández anunció que antes de que concluya el año se iniciarán nuevos servicios de financiamiento al sector agropecuario, con apoyo del presupuesto del Estado y una visión de fomento de esta actividad.
“Hemos identificado que se requiere una banca especializada en la actividad agropecuaria, la cual está expuesta a otros niveles de riesgos climáticos, y por tanto demanda de políticas flexibles que se ajusten a sus condiciones”.
El titular de Economía advirtió que no se trata de crear un banco nuevo, el cual necesitaría de un tiempo mayor de implementación, sino que se trabajará sobre la red existente del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), el que tiene una presencia en todo el país. “Se trata de crear nuevos productos financieros destinados a este sector”.
Otro elemento novedoso es la organización de fondos del Presupuesto del Estado, ya que no siempre existe la posibilidad de otorgar créditos de mediano o largo plazo.
“Vamos a disponer de un nivel de recursos del Presupuesto del Estado para canalizarlo por la vía de los créditos para el sector agropecuario, el cual se maneja a menores tasas de interés o lo que es lo mismo, un crédito blando. Esto le permite al estado invertir a través de esta estructura y mejores condiciones de esos financiamientos”, señaló.
Se trabaja además para concretar los recursos financieros de apoyo a la agroindustria, incluyendo los provenientes del exterior, lo que permitirá otorgar financiamiento a la base productiva con respaldo en divisas cuando se requiera realizar determinada exportación.
“De esta manera tendremos inversiones centralizadas a nivel de país, los fondos de fomento y esta nueva financiación por la vía bancario ”, subrayó Gil Fernández.
A la par se creará un comité de coordinación agropecuaria, integrado por varios Organismos de la Administración Central del Estado y algunas OSDEs que coordinarán como ultilizar más eficiente esos recursos a partir de las prioridades del país.
“Tenemos la pretensión de iniciar operaciones en el propio año 2020 y ampliarlo en el 2021”
El ministro recalcó que ninguna política es mágica, no obstante, al ser la agricultura un tema prioritario para la nación, las medidas aprobadas deben crear mejores condiciones para incrementar los niveles productivos. “Estamos inconformes con los niveles actuales, reconocemos que hay un déficit de oferta. El éxito de estas medidas no está tanto en el diseño, sino en su correcta implementación y en la manera que todos trabajemos unidos para lograrlo”, concluyó.
Una política que propicia incentivos para productores y comercializadores
“Con estas nuevas políticas el país se propone alcanzar la flexibilización de todo el sistema de acopio y comercialización”, dijo el ministro. Foto: Rafael Fernández/ACN
El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, comenzó su intervención en la Mesa Redonda explicando que la política aprobada es el resultado de varios análisis de un Grupo de Trabajo bajo la dirección del viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, como parte de la implementación de la estrategia económico-social del país.
El ministro explicó que en la aprobación de la política participaron productores, presidentes de cooperativas agropecuarias, directores de empresas, profesores de la Universidad de La Habana y otros expertos.
Asimismo, esta fue evaluada en dos ocasiones por el presidente, vicepresidente y el primer ministro como parte del análisis de la implementación de la estrategia económico-social del país, y aprobada el pasado 30 de octubre en el Consejo de Ministros.
Rodríguez Rollero advirtió que esta política no resuelve los problemas de incremento de la producción, pero “su aprobación propicia incentivos para los productores y comercializadores en aras de incrementar sus niveles de actividad”.
“Con estas nuevas políticas el país se propone alcanzar la flexibilización de todo el sistema de acopio y comercialización, y eliminar el papel monopólico del sistema Empresarial de Acopio”.
Es una respuesta, aseguró, a las opiniones de los productores y de los ciudadanos en general, sobre las trabas que existen en el proceso de producción, acopio y comercialización.
Para ejemplificar la situación actual el ministro explicó que el país necesita, para garantizar las 30 libras per cápita por habitante mensual, unas 154 000 toneladas de productos agrícolas, ya sean viandas, hortalizas y frutas. Este mes el balance de productos es de 100 000 toneladas, es decir, “aún nos faltan más de 50 000 mil toneladas de productos que no tenemos producidas”.
Añadió que este mes La Habana tiene 15 000 toneladas de las 29 000 que necesita en los agromercados y para el consumo social. “Tenemos que producir más y hacer más ofertas de productos para cubrir la demanda en los distintos tipos de mercados”, señaló.
Para trabajar sobre esta situación el país aprueba, en total, 51 políticas, de ellas 31 son nuevas, seis ya existen y es “necesario exigir su cumplimiento”, y 14 serán modificadas o ampliadas.
Según Rodríguez Rollero los temas más debatidos en las reuniones giraron en torno a la contratación y a los precios. “A veces a muchos compañeros les costaba entender el cambio, lo nuevo y la transformación que esto conlleva”, dijo.
Políticas aprobadas
Sobre la contratación en la producción agropecuaria y forestal, el ministro informó que tendrá como destino todas las formas de comercialización existente y se reconocerán a todos los actores que participan.
En este sentido, se prevé también responsabilizar a las partes participantes en los contratos con el control de su contratación y cumplimiento.
Además de ofertar nuevos productos, las nuevas disposiciones establecen la creación de un mercado de nuevo tipo, donde “se oferten productos de minindustrias, se empaqueten, no el mercado residual que existe”, precisó el ministro.
Se trata, establece la política, de actualizar las normas de calidad establecidas para la compra de los productos agropecuarios a los productores, de manera que estas se ajusten a las condiciones productivas.
Las nuevas normas también buscarán que las entidades bancarias oferten nuevos productos financieros a los productores, que se adecuen a las características del sector y estimulen las actividades productivas, acopiadoras y comercializadoras, incluyendo la posibilidad de obtener créditos revolventes con bajos intereses.
Asimismo, se busca definir y establecer un sistema de facturación que se adapte a las características del proceso y que constituya la base para el pago de las mercancías.
Al referirse a los temas de carácter impositivo, referidos por el vice primer ministro, Rodríguez Rollero informó que se aplicará, con carácter permanente, un tipo impositivo fijo del 5% sobre la base imponible obtenida, para el pago del impuesto sobre ingresos personales, a los productores agropecuarios.
“Se le aplicará, en el momento que corresponda, la propuesta de descontar de los ingresos obtenidos el 100% de los gastos acreditando el 80%, lo que beneficiará la carga tributaria a aplicar”.
Además, se bonificará con la aplicación del 5% del impuesto sobre la venta en el comercio minorista a las producciones de alimentos generados por minindustrias locales, gestionadas por entidades productoras o comercializadoras.
“Tenemos que ir transformando gradualmente la participación de los productos procesados industrialmente en el mercado. No podemos seguir teniendo un mercado solamente de productos frescos. La minindustria debe jugar un papel importante en el mercado agropecuario”.
La política reconoce además que hay que promover las exportaciones como fuente para la obtención de liquidez para garantizar los insumos y recursos necesarios que permitan incrementar la producción.
“No solo de productos tradicionales -advirtió el ministro-. Hay que diversificarse. Un buen ejemplo es la lima persa y los aguacates de los campesinos que han exportado a través de las empresas estatales en los últimos meses”.
Otra de las nuevas disposiciones, informó, es beneficiar financieramente a los productores primarios con los resultados que se obtienen de encadenarse productivamente con la industria o con cualquier otro mercado.
Para ello, aclaró, debe ser un requisito indispensable que el incremento en los precios de los productos y los beneficios financieros que se reciban, se utilicen en el desarrollo de nuevas capacidades productivas.
En aras de reconocer a todos los actores, realizarán el beneficio, selección, empaque y procesamiento de los productos: los productores, trabajadores por cuenta propia, familias, cooperativas agropecuarias, entidades especializadas en esta tarea y comercializadores mayoristas, que gestionarán los recursos, insumos, equipamientos y condiciones de almacenamiento con refrigeración necesaria para la actividad.
El país necesita, reconoció Rodríguez Rollero, ampliar la red de minindustrias y microindustrias a partir de las producciones de la industria nacional y los proyectos de colaboración internacional.
Por ello, las familias que participan en el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar podrán gestionar equipamientos y tecnologías que les permitan incrementar el valor agregado en la oferta de sus productos.
La política también establece la disposición de recapitalizar y construir en cooperativas, Unidades Empresariales de Base (UEB) y otras estructuras de las empresas estatales y en los sistemas municipales de las entidades acopiadoras, puntos de compras y naves mayoristas, que garanticen de manera eficiente la actividad acopiadora.
“Se trata de eliminar el intermediario y los mercados de acopio. Hay que garantizar el vínculo entre la comunidad y los productores, y que estos últimos puedan abastecer a la población que vive a su alrededor”.
El ministro se refirió a “uno de los temas más criticados: los impagos a los productores”. En este sentido, la política establece que si un comercializador no tiene capacidad logística o financiera para comprarle a un productor, este último tiene el derecho de ir directamente a vender sus productos a cualquier forma de mercado que existe en el país.
Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Las entidades acopiadoras, precisó, solo podrán realizar compras en función de sus capacidades logísticas y financieras.
Por su parte, serán los gobiernos los encargados, en cada uno de sus niveles, de realizar los balances de productos agrícolas, ya sea a nivel nacional, provincial, o municipal (que incluye todas las localidades). Estos establecerán los estimados y ratificados en la actividad acopiadora de productos, garantizando los envíos en correspondencia con los resultados de los balances.
Estos últimos serán dirigidos, a nivel nacional, por el Ministerio de Economía y Planificación; y el Consejo Provincial y el de Administración Municipal, en los otros dos niveles, respectivamente.
Las entidades acopiadoras, a su vez, contarán con centros o naves de acopio que le garantizarán las entregas al mercado agropecuario estatal, consumo social, industria, turismo, exportaciones, ventas internas, abastecimiento a los comercializadores minoristas, formas de gestión no estatal, trabajadores por cuenta propia vinculados o no al sector agropecuarios y mercados de precios por acuerdo.
Todas las formas de comercialización deberán estar inscritas en el Registro Central Comercial y contar con las licencias sanitarias y veterinarias establecidas.
Rodríguez Rollero señaló que otro de los temas más debatidos fue el de la competitividad. Por ello, todas las formas de comercialización operarán con autonomía, estableciéndose un régimen que permita elevar la eficiencia en la actividad sobre la base de una coexistencia armónica. “Si el único que lo hace soy yo, se crean frenos y no es posible el desarrollo”, dijo.
En el caso de los productos que, por problemas logísticos y/o financieros de las entidades acopiadoras y comercializadoras, no puedan ser comprados en correspondencia con lo establecido en los contratos, el ministro informó que los productores podrán venderlos a cualquier otra forma de comercialización existente en el país.
En este camino, la política establece la implementación de la modalidad de arrendamiento de recursos en todas sus variantes, ya sea, transportes, mercados, almacenes, instrumentos de mediciones, equipos de refrigeración, envases, montacargas, traspaletas, entre otros.
Las nuevas disposiciones buscan, además, favorecer las ofertas de productos agropecuarios y servicios con mayor valor agregado, que incluyen, entre otros: cambio de imagen, uso de marcas, diferenciación por calidades, productos elaborados y procesados (manual o industrial), servicios de mensajerías u otros que se necesiten, a partir de la implementación de estudios de mercados que muestren las características e intereses de las localidades.
“El mercado agropecuario tiene que cambiar. No podemos seguir con la llamada góndola de acopio”, dijo el ministro.
Por ello, la política aprobó el desarrollo de productos orgánicos, “que en el mundo se pagan hasta un 40% más”, con precios diferenciados para su comercialización nacional e internacional, para lo cual se establecerá el esquema de certificación correspondiente.
Rodríguez Rollero se refirió también a la necesidad de ejecutar un programa de reanimación y modificación infraestructural y tecnológica de los mercados mayoristas y minoristas que permita la transformación gradual a mercados de nuevo tipo.
“Tenemos que recuperar, por ejemplo, el mercado concentrador del Trigal, como se concibió inicialmente”.
Al referirse al tema de los precios, el ministro informó que la decisión fue establecer una serie de productos con precios centralizados y otros por acuerdo entre las partes, que quedarían del modo siguiente:
- Precios de acopio centralizados para 18 productos agropecuarios que incluyen: arroz cáscara húmedo, arroz consumo, frijol negro, frijol colorado, leche fresca ganado bovino, ganado bovino, tabaco sol palo principal, tabaco principal, tabaco vega primera, tabaco vega segunda, tabaco virgina, tabaco tapado, café cereza arábigo, café cereza robusta, caña de azúcar, ganado porcino en pie convenio, huevos de gallina, maíz seco en grano. De estos productos tendrán precios minoristas centralizados el arroz consumo, frijol negro y colorado, leche y el huevo de gallina.
- Precios de acopio y minoristas centralizados para los destinos que se definan en los balances de los gobiernos territoriales, y establecer para el resto de los destinos precios por acuerdo establecidos por las administraciones locales del gobierno, para 12 productos agrícolas que incluyen: malanga colocasia, malanga xhantosoma, plátano vianda, plátano burro, plátano fruta, guayaba, mango, fruta bomba, tomate industria, papa, calabaza y boniato.
El ministro puntualizó que la política faculta a las administraciones locales del gobierno para concordar precios por acuerdo de acopio y minoristas aplicables por territorios a los productos agropecuarios que no tengan precios centralizados.
Se estima para ello publicar semanalmente los precios para los productos agropecuarios, incluyendo aquellos con precios centralizados y los que se comercialicen por acuerdo.
“Tanto a los productos con precios centralizados como a los productos con precios por acuerdo, se les podrá poner regulaciones administrativas para su venta”.
Otra de las novedades es la introducción de diferentes variantes de comercio electrónico, que, en dependencia del producto, puede incluir las ventas online de mercancía con servicios de entregas o cualquier otro tipo de acuerdo con la población.
La comercialización mayorista de productos agropecuarios, por otro lado, será realizada por empresas estatales, cooperativas agropecuarias, propietarios de tierras y usufructuarios, y vendedores mayoristas.
“En todos los casos, se realizará la contratación entre el comercializador mayorista, el minorista, y entidades de consumo intermedio u otros comercializadores”.
Los destinos, dijo, serán el turismo, las exportaciones (a excepción del tabaco, café, cacao y la miel de abejas), ventas en fronteras, y la industria nacional transformadora de vegetales, leche, carnes y materias primas para la producción de alimento animal y las minindustrias.
Redes minoristas: Quitar trabas para crecer
El ministro explicó que en la aprobación de la política participaron productores, presidentes de cooperativas agropecuarias, directores de empresas, profesores de la Universidad de La Habana y otros expertos. Foto: Roberto Garaicoa.
El Ministro de la Agricultura también puntualizó algunos asuntos sobre la política aprobada por el sector para la comercialización de productos en redes minoristas en el país. Según dijo, son los gobiernos provinciales y municipales los encargados de formar estas redes en sus territorios, sobre todo por el amplio conocimiento que tienen de los recursos y las formas de consumo.
Asimismo, explicó que se mantiene un tratamiento priorizado a los centros como las escuelas, los hospitales los policlínicos u otros dedicados a brindar asistencia social. Para ellos, no obstante, también se adaptó la política y ahora podrán adquirir productos agropecuarios desde distintos proveedores, no solamente las instituciones de acopio. Esas compras podrán realizarse con el presupuesto aprobado para esa actividad.
“Este cambio permite una mayor flexibilidad a cada institución, sobre todo porque permite comprar insumos a partir de las necesidades particulares de cada lugar”, precisó.
Otro cambio en la política de comercialización está dirigida para aquellos productores cercanos a la industria o a los almacenes mayoristas, pues no será obligatorio que los productos pasen por una entidad acopiadora. En estos casos será fundamental la firma de un contrato entre el productor y el comprador estatal. “La decisión fortalece la relación entre estos actores y garantiza un ahorro de recursos por transportación o almacenamiento”.
Mientras tanto, también es novedosa la posibilidad de que todas las cooperativas, los usufructuarios, propietarios de tierras y las empresas estatales, podrán vender los productos agrícolas y cárnicos, frescos y procesados, en la red de tiendas minoristas. No obstante, estas entregas podrán ocurrir luego de que los productores cumplan con sus entregas pactadas al encargo estatal.
Respecto a los mercados, la política de comercialización los agrupa en tres tipos fundamentales: mercados agropecuarios, puntos de venta y la venta ambulatoria. En este sentido, el Ministro de la Agricultura explicó que la agricultura urbana y familiar podrá comercializar sus producciones a precios por acuerdo excepto los productos con precios centralizados.
Los precios fue otro de los asuntos tratados por Rodríguez Rollero. Sobre esto, comentó que la comercialización minorista de productos agropecuarios se realizará a precios por acuerdos para todos los productos, a excepción de los productos cuyos precios fueron establecidos de manera centralizada.
Asimismo, “se faculta a los gobiernos locales para bonificar o exonerar de la aplicación del impuesto por la comercialización minorista de productos agropecuarios, como mecanismo regulador para la concertación de precios”.
También, “el Estado realizará el papel regulador en el seguimiento y control de la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades en los destinos, los balances de productos, el control de los precios, la comercialización en condiciones excepcionales, en la intencionalidad de la siembra y el uso de la tierra”.
Para garantizar estos temas, la información y la comunicación será otra cuestión esencia. En tal sentido, se pretende diseñar, implementar y controlar el Sistema de Protección al Consumidor, así como un sistema de información diaria tanto de los problemas detectados como de los precios establecidos. Finalmente, el titular de la agricultura en Cuba explicó que será aprobado un Decreto que implementa la política con sus normas complementarias.
Buscar las reservas internas y ponerlas en función de la economía del país
Alejandro Gil valoró esta política como un apoyo para elevar las ofertas y la satisfacción de los clientes. Foto: Roberto Garaicoa.
En su intervención, el Viceprimer Ministro cubano resaltó que ninguna de las medidas tomadas requiere un gasto de divisas del país. “Son cuestiones de carácter organizativo interno que nos demuestra cómo sí existen formas distintas para obtener mejores resultados”, apuntó.
Del mismo modo, apuntó la necesidad de fortalecer la legalidad para implementar esta política de comercialización e incluir en ella a todos los actores de la economía. Para ello, dijo, es fundamental el respeto entre los productores, los consumidores y el apoyo de los gobiernos locales.
“Esa interrelación también es vital en la concertación y formación de precios. Los gobiernos deben prepararse y buscar mecanismo objetivos, más eficientes y utilizar toda su capacidad y facultades. Los precios deben ser justos para el campesino y el cliente, y para ello es clave el papel regulador del Estado”, aseguró.
Finalmente, Alejandro Gil valoró esta política como un apoyo para elevar las ofertas y la satisfacción de los clientes. “Es buscar las reservas internas y ponerlas en función de la economía del país. Ahora todo depende de nuestra capacidad de implementarla”, concluyó.