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Otro elemento de relatividad de la validez de las Ordenanzas lo encontramos en la constatación de los proyectos con la realidad mediante la verificación de los edificios proyectados que han llegado hasta nuestros días, hecho probatorio de que los planos no eran programa fiel para la ejecución, sino mero trámite para conseguir licencia.

A finales de 1859, con la llegada del académico Dionisio de la Iglesia al cargo de arquitecto municipal, ocurrieron importantes cambios en la calidad de las soluciones arquitectónicas. Esto demostró la necesidad de algo más que leyes para enrumbar a buen puerto la arquitectura de la ciudad. Igualmente, la labor de Dionisio tuvo una eficacia gradual en el empeño de corregir y perfeccionar las soluciones arquitectónicas llevadas a cabo en la ciudad durante la década del 60. Con el inicio de la guerra en 1868 y la derogación del cargo de arquitecto municipal, la arquitectura volvió a decaer en cuanto a rigor de diseño, pues el control urbano – arquitectónico desde el Ayuntamiento volvió a ser ineficiente.

Aunque las reglamentaciones arquitectónicas que promovieron las Ordenanzas de 1856 significaron un paso de orden en el desarrollo urbano – arquitectónico de Puerto Príncipe, la verdadera importancia de este manuscrito radica en la revelación de las aspiraciones de la sociedad decimonónica principeña en cuanto a su entorno construido. Una historia inacabada, porque muchas de esas pretensiones continúan siendo anhelos de los camagüeyanos en el siglo XXI.    

Autor: Henry Mazorra Acosta